El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de León ha dado vía libre a la subasta de una gran finca propiedad de la Junta Vecinal de Navatejera valorada en dos millones de euros. La propiedad fue embargada por los impagos de la Junta Vecinal de su deuda histórica correspondiente a obras que realizó en 2008 la empresa constructora CEYD, hoy quebrada, y cuyas deudas recayeron en una empresa de recobros catalana.
La enorme finca, de 224.534 metros cuadrados, se ha valorado en 2.115.110 euros según una tasación independiente, y se ubica en un paraje denominado Los Siseros, anexo al actual polígono industrial de Villaquilambre. Parte de esta parcela está incluída en la ampliación de esta zona industrial destinada a la amplicación de la principal industria allí asentada, la farmaceútica León Farma del Grupo Chemo. La mitad de la superficie está ocupada por pinar maderable y el resto por monte bajo y algunos pastos.
Las deudas acumuladas durante las primera década de los 2000 por la Junta Vecinal de Navatejera, una de las más grandes de la provincia por tamaño de población, llevaron a una grave crisis a esta entidad local menor, que tuvo que acabar cediendo el pabellón polideportivo y sus piscinas al Ayuntamiento de Villaquilambre tras la crisis de la pandemia y la falta de fondos para su mantenimiento. La deuda actual de la Junta Vecinal ronda los 1,7 millones de euros, de los 1,4 corresponden a lo que reclama la empresa de recobros.
El origen de la deuda está en unas facturas impagadas a la constructora leonesa hoy extinta CEYD, que realizó trabajos para la Junta Vecinal tanto en el polideportivo como en la Casa de Cultura de la localidad del municipio de Villaquilambre. Navatejera dejó a deber entonces 720.000 euros que con los intereses se han convertido en el doble.
Aunque los bienes públicos son con carácter general inembargables esta finca si ha podido ser embargada ya que figura como adscripción patrimonial en la Junta Vecinal de Navatejera, por lo que no es un bien público de imposible desafección. La finca es rústica pero puede ser reconvertida en uso industrial por estar anexa a las instalaciones y la futura ampliación actualmente en fase administrativa.
Si nadie puja por la finca en el proceso de embargo se la quedará la empresa de recobros por un valor del 50% de la tasación, es decir, poco más de un millón de euros. El precio de salida de la subasta es del 75% de la tasación de 2,1 millones de euros. En todo caso, la ejecución del embargo supondría una merma notable de las deudas de Navatejera aunque con la pérdida patrimonial correspondiente. Fuentes municipales señalan que la operación no tiene impacto en la ampliación del polígono industrial y señalan que la viabilidad de la entidad local menor está garantizada por otros acuerdos de pagos de su deuda y posibilidad de vender más patrimonio.